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¿Por qué proteger presidentes que piensan que son superhéroes? (Originalmente publicado en ESTE PAÍS)

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A partir de los asesinatos de varios funcionarios de alto rango ocurridos en el siglo XX, la protección de este tipo de figuras públicas se ha convertido en un asunto de seguridad nacional. Uno de los casos más conocidos es el del archiduque Francisco Fernando. Cabe mencionar que él no llevaba un equipo de seguridad, sino que puso su protección en manos de la policía de Sarajevo­­­­­­­. El costo de esa decisión fue inmensamente mayor al de una buena protección. Otros tres asesinatos de este tipo fueron el de John F. Kennedy, Mahatma Gandhi y Yitzhak Rabin.

 

Desde el caso de Kennedy, Estados Unidos dejó de utilizar automóviles convertibles para transportar a su presidente en eventos públicos y se construyó el vehículo que se conoce como La Bestia, que cuenta con un blindaje capaz de resistir hasta el impacto de un misil. Por otro lado, Gandhi, que estaba buscando mejorar las relaciones entre India y Pakistán, fue asesinado en 1948. Su tendencia a rechazar la protección era bastante conocida. Y, por último, el ex primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, que estaba desempeñando un papel crucial en el proceso de paz entre Israel y los palestinos, fue asesinado al terminar un evento multitudinario relacionado con dicho asunto. No se puede saber qué habría pasado en caso de que no hubieran ocurrido los cuatro asesinatos antes mencionados. Lo que sí es un hecho es que esas muertes cambiaron el curso de la historia de cada país e, incluso, en algunos casos, las relaciones internacionales.

 

En el caso de Kennedy, su asesinato provocó que una generación entera de estadounidenses dudara sobre la legitimidad del sistema. Surgieron teorías de la conspiración que insinuaban que había sido asesinado por elementos del propio gobierno norteamericano. La población estaba traumada y sigue estándolo hasta el día de hoy. El asesinato de Kennedy no sólo afectó la imagen sobre la honestidad y la efectividad de las instituciones, sino que llegó a afectar una cantidad inmensa de aspectos de la vida pública de Estados Unidos.

Kennedy estaba dispuesto a sacar a las tropas estadounidenses de Vietnam. Lyndon B. Johnson, quien asumió la presidencia después del atentado, en vez de disminuir dicha presencia militar, la incrementó. Inevitablemente surge una pregunta: ¿Qué habría pasado en el sudeste de Asia si Kennedy no hubiera sido asesinado? Algo similar ocurrió en México tras el atentado contra Luis Donaldo Colosio. Los costos políticos fueron enormes. También surgieron teorías de que el gobierno lo mató y sus propuestas reformistas en materia democrática fueron abandonadas por el gobierno sucesor. En ambos casos fue más costoso perderlos que haberlos protegido correctamente.

No se trata solamente de la protección de un individuo, sino de la protección de las instituciones de un país. Si se asesina a un dirigente, es inevitable que el sistema entero se tambalee y la percepción sobre la solidez de las instituciones se vea seriamente afectada, pero la protección de un mandatario no es barata. En el caso del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se destinan entre dos y tres millones de dólares canadienses mensuales (entre 1.5 y 2.3 millones de USD). Sin embargo, el hecho de que Trudeau tenga protección no afecta su imagen como un primer ministro muy abierto, accesible, cercano a la gente, defensor de las mujeres y de las minorías vulnerables.

Cabe añadir que la protección de un gobernante no sólo se reduce a tener un vehículo blindado. Es todo un proceso de logística en el que están involucrados otros automóviles, algunos de ellos visibles y otros no. El trayecto, desde el punto de origen hasta el punto de destino, está perfectamente planeado y estudiado. En caso de que vaya a darse un discurso, deben conocerse todos los puntos estratégicos y cubrir las zonas de riesgo con elementos capaces de reaccionar ante un posible ataque. Sin importar quién sea el mandatario, incluso si su índice de aprobación es muy alto, su equipo de seguridad tiene que llegar al lugar del evento desde varios días o incluso semanas antes. Esto es precisamente lo que en México hace el Estado Mayor Presidencial. Toda esa labor es muy compleja y por eso representa un costo tan alto, pero el costo político que tendría el asesinato de un dirigente de ese nivel sería mucho mayor que lo que cuesta protegerlo.

 

En el caso de México, López Obrador ha declarado que quiere terminar con el Estado Mayor Presidencial porque no necesita protección. Más bien, debería enfocarse en cuánto cuesta esto y si realmente es un gasto innecesario. Para obtener datos como el costo de la protección de Trudeau mencionado anteriormente, sólo se tiene que hacer una búsqueda en internet. En el caso de México, el asunto se complica porque hay poca transparencia sobre lo que se gasta. La cuestión no debería ser tener protección o no, sino hacer pública la información financiera de la institución. Sólo después de tener transparencia sobre lo que gasta el Estado Mayor Presidencial y una concepción clara de sus funciones, se podría llegar a una conclusión sobre qué tan necesario es financiarlo. Si, después de ese proceso, López Obrador decide desaparecer la institución, tendrá que reemplazarla con algo más.

El próximo presidente de México quiere pasar a la historia como un gran mandatario. Gandhi, Kennedy, Lincoln, Rabin; todos ellos fueron grandes mandatarios, pero los grandes mandatarios siempre tienen enemigos.

 

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